Óscar Bernardo Rivera García
El infierno en el tránsito migratorio por el estado de Sonora, México
El clima migratorio a nivel nacional ha puesto en tela de juicio el accionar institucional de todas las autoridades del estado. Por ejemplo, los enfrentamientos entre personas centroamericanas y la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur de México. Tomando en cuenta que la movilidad humana es un derecho fundamental y considerando las condiciones que implica un tránsito no asistido por cualquier país, para el caso de las personas que traten de llegar a la frontera norte de México por tierra, el estado de Sonora se ha convertido en otra barrera más, otro muro que lejos de tener detectores de movimiento, lo que sí tiene son agentes de la Fiscalía del Estado que asaltan y extorsionan a los grupos de extranjeros que viajan a través de Sonora.
En Sonora no se garantizan los derechos humanos fundamentales de las personas en tránsito migratorio. En Sonora, en los supuestos retenes antidrogas, asaltan a las personas migrantes.
El pasado 2 de noviembre de 2022, me trasladé de la ciudad de Hermosillo, Sonora hacia Mexicali, Baja California. Tomé el autobús No. 433 de la empresa Tufesa. En la central de autobuses Tufesa-Hermosillo, se subieron al mismo autobús que yo, un grupo de 16 personas, hombres jóvenes la mayoría, así como mujeres y una niña (que pude identificar). Era evidente que se trataba de un grupo de personas extranjeras de nacionalidad hindú (principalmente por el idioma).
El autobús salió a las 11:00 am de la ciudad de Hermosillo, cruzando la caseta hacia la salida a Nogales, una persona que portaba el uniforme de la empresa de transportes Tufesa, descendió del autobús 433 (que, por cierto, está prohibido por parte de la misma empresa).
Aproximadamente a 30 km después de la caseta de cobro, un retén de lo que parecía fiscalía del estado, obligó al chofer del autobús a orillarse. No portaban uniforme, no portaban insignias oficiales; sólo pude detectar una cachucha color negro que decía “narcóticos”. Se subió un joven vestido de negro y sin mediar palabra, se fue directamente a interrogar a las primeras personas de nacionalidad extranjera que venían en los asientos delanteros. Les hablaba al oído y con un inglés muy precario, les informaba que “iba a regresar a recogerlo”.
A un lado de mí, en el asiento No. 23, venía una persona extranjera, hombre entre sus 35-45 años. Visiblemente camuflado en su vestimenta para pasar desapercibido. Enfrente de nosotros venían otros dos jóvenes (entre 25-35 años) a quienes, el supuesto agente de “narcóticos”, les pidió dinero.
Al cuestionarle al supuesto agente ¿por qué les estaba pidiendo dinero? Su actitud se tornó nerviosa y argumentó cambiando de tema e interrogándome a mí. Le volví a decir que ellos no eran agentes del INM y que no tenían por qué solicitarles dinero, que estaba violando sus derechos al extorsionarlos.
A partir de evasivas y argumentos sin sentido, obligó a los hombres extranjeros a que bajaran del autobús. Estando abajo del autobús, los jóvenes tenían que dar $500 pesos a estos agentes. Me llamó la atención que otro supuesto agente se quedó arriba del autobús 433 mientras los extranjeros bajaban uno a uno a entregar el dinero. Este agente se puso estratégicamente atrás de mí y empezamos a discutir sobre la ilegalidad de sus funciones, cuando subió de tono la discusión, recibió una señal que lo hizo descender del autobús.
Nuevamente retomamos el camino hacia nuestro destino y le pregunté al joven que venía sentado a mi lado si les habían dado dinero a los supuestos agentes. Sólo me levantó los hombros y me dijo “No inglés”. Confirmo como testigo presencial que, por lo menos, 9 personas tuvieron que “pagar” 500 pesos como mínimo a los supuestos agentes de “narcóticos”.
¿Cómo supieron que el autobús 433 llevaba como pasajeros a un grupo grande de personas extranjeras? La pregunta la lanzo debido a que, quien haya transitado por la carretera federal Hermosillo-Nogales, sabrá que el promedio de autobuses, por mínimo que sea, es de 9-10 autobuses de pasajeros por cada cinco minutos. Durante nuestro tiempo que estuvimos parados, no detuvieron a otro autobús o carro particular. Iban sobre el autobús 433.
Por si fuera poco, pasando el retén militar de Querobabi (resalto que en este retén militar sí les pidieron pasaporte, pero no pasó de una revisión visual para confirmar la nacionalidad. Nos dejaron pasar de manera normal); antes de llegar a Santa Ana, otro supuesto retén de la Fiscalía General nos volvió a detener y nuevamente, otra persona vestida de negro subió al autobús 433. Sin mediar palabra, sin anunciar nada a todos los pasajeros que veníamos, esta persona vestida de negro se fue directamente sobre las personas extranjeras y de manera sumamente invasiva, les hacía una revisión corporal mientras las personas extranjeras permanecían sentadas. Les metía la mano a los bolsillos del pantalón y de las chamarras.
Al llegar a los jóvenes sentados enfrente de mí, mi vecino de asiento, sin decir una sola palabra, me pasó su cartera para que la escondiera.
Fui testigo de un robo por parte de esta persona de la fiscalía en contra de los jóvenes sentados enfrente de mí. Al cuestionarle ¿por qué les estaba quitando su dinero? Lo dejó de hacer de inmediato y nuevamente empezamos una discusión en donde yo le preguntaba sobre a qué corporación pertenecían y él me respondía con preguntas sobre a qué me dedicaba, de dónde venía, qué hacía. Mientras este supuesto agente me cuestionaba, yo le contestaba diciendo que no podía robarles, a qué dependencia pertenecía, entre otros argumentos que lograron disuadir el flagrante robo del que estaba siendo testigo.
De inmediato se bajaron del autobús sin terminar de asaltar al resto de personas. En ese momento se disuadió otro asalto flagrante hacia las personas migrantes. Por un momento pensé que había sido todo, aún nos esperaba un largo camino hacia Mexicali o Tijuana.
Llegamos a Sonoyta entre las 6:30 de la tarde. Al retomar nuestro camino una vez que el autobús No. 433 paró en la central de autobuses Tufesa en Sonoyta, otro retén de la fiscalía general del estado volvió a parar al autobús No. 433. Nuevamente se subió otro joven vestido de negro, sin insignias oficiales y, nuevamente, sin mediar palabra, sin decir quién era o el motivo por el que estaba arriba del autobús, se dirigió única y exclusivamente a las personas de nacionalidad hindú. A uno de ellos le hizo la señal de acompañarlo hacia la parte trasera del autobús. Cuando la persona extranjera llegó a la parte trasera del autobús, este supuesto agente se encerró con él en el baño del autobús. Tardaron entre tres a cuatro minutos.
El supuesto agente, una vez que salieron del baño, se acercó a otro joven hindú y le hizo la misma seña de acompañarlo al baño. En ese momento le cuestioné el por qué los llevaba al baño, a lo que me contestó “a una revisión corporal”. Nuevamente le manifesté que no podía hacerlo, que sus funciones no correspondían con ese accionar. Con una actitud demasiado hostil me pidió identificarme y lo hice, me sugirió que bajara del autobús y que hablara con el “encargado”.
Descendí del autobús y hablé con el supuesto encargado. Le dije que el agente arriba del autobús estaba encerrando a varias personas en el baño para una revisión corporal, que estaba violando flagrantemente los derechos fundamentales. Me contestó que lo iba a ver, que me subiera al autobús y que ya nos podíamos ir. Mientras estuve abajo del autobús, la persona sentada a un lado de mí me dio a entender que casi todas las personas que lo acompañaban le habían dado dinero a este agente que les hacía la revisión corporal en el baño.
Muchas dudas me quedan ¿Los empleados de la empresa Tufesa comparten datos sobre los pasajeros que transitamos? ¿Quién coordina estos supuestos retenes? ¿Por qué no usan distintivos oficiales para que sean reconocidos los supuestos oficiales? ¿no hay una revisión del accionar de estos supuestos agentes? México se ha convertido en un país de tránsito migratorio, es indudable que se violan los derechos fundamentales de las personas en tránsito migratorio.
Experimenté de manera directa una contradicción gubernamental. Mientras las esferas del gobierno estatal de Sonora hablan sobre garantizar los derechos humanos de todos, en las acciones, corporaciones estatales asaltan y extorsionan a mansalva a las personas que no están en su país de origen y que buscan mejorar sus condiciones de vida. La sociedad sonorense no se merece una fiscalía que asalte y extorsione a personas extremadamente vulnerables. La sociedad sonorense en una sociedad solidaria que siempre ha tendido la mano a migrantes extranjeros o nacionales y también a no migrantes. Sonora no se merece una fiscalía que protege a delincuentes.
*Profesor Investigador de tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Baja California. Egresado de El Colegio de Sonora.