Mercedes Zúñiga Elizalde
Acceso al aborto en México, una mesa de diálogo
Las organizaciones feministas en México han trabajado durante años para impulsar la despenalización del aborto en los congresos locales y que el acceso al servicio sea igualitario en todo el país. Una lucha que, una década después de la victoria en Ciudad de México, se ha cristalizado en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y recientemente en Baja California y Coahuila.
Con el caso de este último estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y al personal médico que las ayude con el consentimiento de ellas, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país.
Este no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas y jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos.
Una decisión que, además, alimenta la esperanza de grupos feministas de otros estados como Quintana Roo o Yucatán, donde ya se preparan amparos y otros recursos con el objetivo de que los congresos adecúen la normativa local a los criterios de la Corte.
Esto permite que cada estado, poco a poco, vaya despenalizando el aborto en sus códigos penales. Es un precedente que va a cambiar completamente el contexto. Aunque veamos ese cambio durante los próximos años, el panorama ahora está a favor de los derechos reproductivos de todas las personas.
A diferencia de otros países de América Latina, en México el acceso al aborto depende de la legislación de cada uno de los 32 estados que conforman el país, por lo que el panorama es desigual.
En 2007, la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 12 y durante más de 10 años fue el único lugar donde se permitía y se reconocía el acceso al aborto, mientras que en el resto del país aún había leyes que criminalizaban a las mujeres.
Oaxaca hizo frente a las presiones de la ultraderecha y lo despenalizó en 2019, y en este 2021 se sumaron a la lista Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California.
En el resto del país, las mujeres y personas con capacidad de gestar solo pueden abortar bajo determinadas causales como las de violación, peligro de muerte o riesgo para la salud de la mujer, que el feto presente alteraciones congénitas o genéticas graves, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida o que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.
Sin embargo, bajo estas condiciones el acceso sigue siendo muy limitado, incluso si la persona que lo solicita cumple con los requisitos previstos en las leyes.
El estigma social y el desconocimiento de las normativas son las principales barreras que las organizaciones que hacen acompañamiento de aborto han encontrado a lo largo de estos años.
Las críticas también se encuentran en los servicios de salud, que es de donde más salen las denuncias por aborto. Lo primero que sacan es la objeción de conciencia como estandarte y no se quieren actualizar o no tienen información sobre eso.
La criminalización del aborto y el acceso restringido a la interrupción legal afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente a las que están en mayores condiciones de marginalidad.
Las mujeres en situación de pobreza, las indígenas, las niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual son las más afectadas. Es por esto que organizaciones como GIRE, Marea Verde, Ajal Yaakun y Unasse dan servicios de acompañamiento de aborto seguro con medicamentos o también a quienes quieren hacerlo por la vía legal.
El trabajo y la movilización de estas organizaciones locales también se han vuelto fundamental para evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar no sean estafadas. En los casos de violación, las pastillas ni siquiera se presentan en el servicio público como una opción. Estas organizaciones, en cambio, consiguen el medicamento y asesoran en todo momento a quien lo necesita.
Las colectivas creen que el tema del aborto avanzará mucho más rápido de lo esperado porque lo están tomando con sus propias manos. Y si el Estado lo legaliza o lo despenaliza, pues estará bien, pero seguirán en este proceso de acompañamiento y en ese sentido creo que eso marca una diferencia a otros problemas.