Alvaro Bracamonte Sierra

El anuncio del Presidente sobre el fin de la toma de casetas y el boteo en las garitas de peaje, no tomó por sorpresa a los sonorenses. Simplemente confirmó lo que ya medios de comunicación locales habían informado días antes en el sentido de que la Guardia Nacional retiró a los invasores que solicitaban cooperacha. Es una buena noticia pues en aras del supuesto libre tránsito, se generaba la sensación de que se alteraba el Estado de Derecho. 

Como era previsible, el desalojo no fue bien recibido por los beneficiarios. Uno de los líderes llegó a afirmar que tras el “violento desalojo” desaparecieron dos de los activistas más comprometidos; repartió responsabilidades y alertó que denunciarían el acto represivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. López Obrador se percató de ese extraño reclamo cuando en una de sus tantas visitas a la entidad le tocó vivir en carne propia la supuesta liberación del tránsito. 

La toma de las casetas fue la forma de protesta más visible que un puñado de ciudadanos organizara contra el cobro de la tenencia disfrazada por allá en el 2013 y después contra el gasolinazo del 2017. Desde entonces su ocupación había sido intermitente, pero a partir del 2018 prácticamente se volvió permanente. El pretexto no era ya el malestar derivado del tristemente célebre “Común” o del aumento en el precio del combustible; el argumento giraba ahora alrededor del derecho constitucional de circular libremente por todo el territorio nacional. 

No había pues una causa social sino al parecer una motivación económica: La cooperación solicitada al cruzar la caseta. La “liberación” generó pérdidas cuantiosas al erario federal, es decir a Capufe o a la instancia responsable de cobrar el peaje cuyo monto se destina, supuestamente, al mantenimiento de las carreteras. Los activistas pro libre tránsito tenían algo de razón: La Constitución señala que los mexicanos pueden transitar libremente y pagar peaje sólo cuando existe también la opción de una vía libre. Alegaban los inconformes, con cierto sentido, que los recursos recaudados no se reflejaban en el buen estado de las carreteras, presumiendo corrupción. 

A juicio de las autoridades federales ambos puntos están ya solventados habida cuenta de que hay vías libres y el nuevo Gobierno ha tomado medidas para dar fin a la corrupción y por tanto la recaudación se aplicaría, ahora sí, a mejorar la calidad de la red carretera. Independientemente de la discusión en torno a la legalidad o no del peaje o de las sospechas de corrupción, lo cierto es que la Federación ha registrado mermas importantes. Una estimación fechada en el 2018 dimensiona el problema: En ese entonces el cobro por auto ascendía en promedio a 80 pesos por vehículo; el cálculo del aforo era de 10 mil carros diarios, es decir, en un día promedio alcanzaba los 800 mil pesos, de tal manera que, si se considera que cinco de las seis casetas estaban tomadas, la pérdida se ubicaba en unos dos millones de pesos diarios. Esta cifra aumentaba en días de asueto cuando el flujo vehicular subía en 50%. 

En suma, el quebranto anual al erario federal ascendía a 1,500 millones de pesos que, bien utilizados, podrían convertirse en una fuente de financiamiento ideal para mantener en excelentes condiciones las carreteras de Sonora. Ojalá que así ocurra. 

Pero el asunto de las casetas es una parte de la problemática que exhibe la Cuatro Carriles. La otra son las colectas que miembros de la tribu yaqui realizan a lo largo de la carretera que atraviesa su territorio: Desde la salida Sur de Guaymas hasta La Loma de Guamúchil. En ese tramo, de unos 60 kilómetros, se cuentan cuatro o cinco paradas emplazadas a la entrada y a la salida de los pueblos de la etnia: Piden cooperación por dejar pasar. 

Desde luego la contribución es voluntaria, aunque, por la actitud desafiante que adoptan algunos, uno se apresta a aportar sin mayor regateo. Esto también se debe terminar si se busca lograr que el tráfico por esa importante rúa sonorense sea más fluido.